Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre de 2025
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad cuatro iniciativas en materia de extorsión, en armonización con las leyes generales, enviadas por la titular del Ejecutivo Estatal, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda.
Los dictámenes, que contemplan reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, a los artículos 243 y 244 del Código Penal, al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como al artículo 175 de la Ley 847 de Ejecución Penal, todos del Estado de Guerrero, fueron emitidos por las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Al fundamentar el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz destacó que esta modificación tiene como objetivo la armonización del marco jurídico estatal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, fortaleciendo el Estado de Derecho y la estrategia nacional contra este delito de alto impacto.
En ese sentido, manifestó que con esta reforma se incorpora de manera expresa la Política Estatal para la Prevención y Combate a la Extorsión; se formaliza la operación de los órganos de coordinación y mesas de paz; se regula con mayor precisión la inteligencia policial y los Centros de Comando y Control; se garantiza la interoperabilidad tecnológica con los sistemas nacionales; se refuerza la profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública; se consolida el régimen disciplinario; y se asegura la creación y operación de Unidades Especializadas en materia de extorsión.
Al fundamentar el dictamen para derogar los artículos 243 y 244 del Código Penal del Estado de Guerrero, a nombre de la Comisión de Justicia, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano hizo hincapié en la necesidad de realizar estas adecuaciones derivadas del nuevo diseño institucional del delito de extorsión, considerado de alto impacto.
Asimismo, se coincidió en incorporar un artículo transitorio para salvaguardar el principio constitucional de irretroactividad de la Ley, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando que las investigaciones, procesos penales y sentencias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto se sustancien conforme a la legislación vigente al momento de la comisión del delito de extorsión.
A nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez fundamentó el dictamen de reforma y adiciones al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y mencionó que con estas modificaciones se establece que la Secretaría de Seguridad Pública estatal tendrá a su cargo el diseño, implementación, coordinación y evaluación de la policía estatal para la prevención y combate a la extorsión, en coordinación con las instituciones que integran el sistema estatal de seguridad pública, conforme a la Ley del Sistema y a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
También se establecen mecanismos de coordinación tecnológica con el centro de atención a denuncias y demás instancias federales competentes en esta materia, para la recepción, canalización, atención y seguimiento de reportes relacionados con este delito, garantizando la protección de datos personales y la confidencialidad de la información.
Además, se incorpora todo lo relacionado con la extorsión al Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública, se fortalecen los mecanismos de reportes y denuncias en esta materia, su canalización a las autoridades competentes y se implementan medidas para la inhibición de señales de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de datos o imágenes desde los centros penitenciarios, evitando que se cometan delitos desde su interior.
El diputado Joaquín Badillo Escamilla, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, fundamentó el dictamen de adición de un párrafo al artículo 175 de la Ley de Ejecución Penal del Estado de Guerrero.
Refirió que esta modificación tiene como finalidad fortalecer el régimen penitenciario, para que los centros sean espacios plenamente controlados, seguros y libres de actividades delictivas que trasciendan más allá de sus muros, con un control tecnológico alineado al marco jurídico nacional.
Destacó que esta armonización legislativa coloca en el centro a las personas y su derecho a vivir libres de miedo, por lo que las modificaciones representan un paso decisivo en la consolidación de un sistema penitenciario más seguro, cuya aprobación está orientada al restablecimiento social.
