Chilpancingo, Gro., 16 de diciembre de 2025
Las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de los diversos municipios, aprobadas recientemente por el Congreso del Estado, no contemplan nuevos impuestos y fortalecen la capacidad de los ayuntamientos para brindar servicios públicos, impulsar el desarrollo y atender las necesidades más urgentes de la población, sin afectar la economía de las familias guerrerenses.
Así lo aseguró el diputado Vladimir Barrera Fuerte, al fundamentar, a nombre de la Comisión de Hacienda, 52 dictámenes de Leyes de Ingresos para igual número de Ayuntamientos, destacando que el objetivo principal es que las finanzas municipales se conduzcan con equilibrio, proporcionalidad y equidad tributaria, siempre en beneficio de la ciudadanía.
“Es relevante señalar que las Leyes de Ingresos que hoy se ponen a su consideración delinean de manera precisa, anticipada y detallada la cantidad de recursos que se espera obtener en el ejercicio fiscal 2026; asimismo, establecen los conceptos o instrumentos legales mediante los cuales las haciendas públicas municipales obtendrán los recursos necesarios para hacer frente a los montos de gasto reflejados en su Presupuesto de Egresos”, apuntó.
Además, señaló que se analizó la integración completa de la hacienda pública municipal, considerando no solo los ingresos, sino también los egresos, la deuda y el patrimonio, para que las finanzas se conduzcan con equilibrio, proporcionalidad y equidad tributaria.
Aseguró que uno de los acuerdos centrales de esta Comisión fue mantener una política clara de no incorporar nuevos impuestos y establecer que ningún aumento a tasas o cuotas municipales podrá superar el 3.0 por ciento, excepto en los casos que, por ley, dependen de la actualización de la UMA, protegiendo la economía familiar frente a incrementos injustificados.
“Ratificamos también la gratuidad obligatoria en trámites esenciales para la ciudadanía, como las constancias de pobreza y los registros de nacimiento. Estos servicios deben permanecer al alcance de todas y todos, sin excepción, y los estímulos y subsidios que se otorguen deberán ser debidamente justificados y dirigidos únicamente a grupos vulnerables, particularmente en materia de impuesto predial y otros servicios municipales. Con ello garantizamos que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan”, manifestó el diputado.
Agregó que, para mantener orden y coherencia financiera, se verificó que las iniciativas se ajustaran al Clasificador por Rubro de Ingresos del CONAC, corrigiendo duplicidades o asignaciones incorrectas que pudieran generar opacidad o confusión. Asimismo, se cumplió puntualmente con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminando cualquier concepto declarado inconstitucional, especialmente aquellos relacionados con contribuciones adicionales, cobros indebidos por búsqueda de información o servicios catastrales.
También se revisó el esquema de alumbrado público, adecuando su denominación y estructura conforme a lo determinado por la SCJN, asegurando que su cobro sea legal, claro y aplicable. En materia vehicular, se estableció una regulación estricta para los permisos provisionales de circulación sin placas, exigiendo controles estatales en la emisión de estos documentos, evitando irregularidades y fortaleciendo la seguridad pública.
Finalmente, se determinó que los municipios deberán prever en su presupuesto de egresos los recursos necesarios para el pago de laudos laborales, garantizando el cumplimiento oportuno de sentencias y obligaciones institucionales que durante años han generado presión financiera.
Por su parte, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, al fundamentar las tablas de valores, subrayó que no se autorizaron incrementos en las bases ni en las tasas del impuesto predial. Esta medida busca evitar aumentos que puedan afectar la capacidad de pago de los contribuyentes, promover la estabilidad fiscal y prevenir distorsiones en la recaudación municipal.
“Otro punto esencial –dijo– es asegurar la percepción real del predial. Analizamos si la recaudación efectiva corresponde con los valores propuestos, porque una tabla técnicamente sólida debe reflejar la realidad inmobiliaria del municipio, pero también ser congruente con la capacidad económica del contribuyente”.
Los dictámenes fueron aprobados por unanimidad y presentados al Pleno por la Comisión de Hacienda, integrada por las y los diputados Guadalupe García Villalva, presidenta; Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario; Ana Lilia Botello Figueroa, Vladimir Barrera Fuerte y Bulmaro Torres Berrum, vocales.
