Federico Nogueda Berdeja
26 mayo 2025
Federico Nogueda Berdeja
Afortunadamente hay diputados de varias fracciones partidistas en el Congreso de Guerrero, que les sigue importando las violaciones a los derechos humanos de los niños, así como el caso de la prohibición de los matrimonios forzados con los menores.
En otras columnas se había comentado que ya se está contando con las herramientas para enfrentar los abusos contra los infantes, es decir, ya hay una estructura jurídica para enfrentar con mayor certeza el fenómeno social.
También se comentó que, solo hacia falta que instituciones como la Secretaría de Cultura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), y el propio poder Legislativo, encabecen una jornada de difusión, hacia la prevención de las posibles violaciones a los derechos de los infantes, pero allá en el campo.
Sobre todo, en el caso de los matrimonios forzadas, ir a esas zonas de los usos y costumbres, o en las costas, centro, donde esté el fenómeno, para advertir las consecuencias que generen estos actos donde privan el futuro de los niños.
La sesión de la semana pasada en el Pleno del Congreso, el diputado local, Juan Valenzo Villanueva, entendió el fenómeno de la importancia de este daño, y exhortó a los 84 ayuntamientos a que inicien campañas de prohibición de matrimonios de personas menores.
Esto por supuesto son actos de sensibilidad social ante este azote de costumbres que ya representan un dique para el desarrollo social, el diputado se refirió especialmente a los municipios de la zona Amuzga, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, pero el fenómeno se da en varias regiones.
El legislador argumentó que, esa situación expone a niñas, niños y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad, desigualdad, violencia y truncamiento de su desarrollo personal.
Además de invitar hacer conciencia jurídica a toda la sociedad guerrerense, y ejemplificó que, ‘en la comunidad de San Pedro Cuitlapan del municipio de Tlacoachistlahuaca, se realizó una boda entre dos menores de aproximadamente 12 y 13 años.’
Y que de acuerdo a lo que se dio a conocer, el enlace matrimonial habría sido organizado por las familias de los menores y validado por autoridades comunitarias con base en los llamados “usos y costumbres”.
Por supuesto que estas campañas de difusión no serán nada fácil, quizás hasta complejas, pero por algo se debe de empezar, los usos y costumbres son una cultura ancestral, pero eso no quiere decir que no puedan ser sensibilizadas, proyectada hacia una nueva adaptación social.
Si a los pueblos originarios ya se les está dando apertura para que se autogobiernen, sin apartarse de la Constitución estatal, también podrán entender la situación de los matrimonios forzados que fuerzan los padres hacia sus propios hijos menores.
Cabrá recordar, que esta problemática no es privativa de los pueblos de usos y costumbres, porque ya hay casos de matrimonios forzados en zonas conurbadas del puerto de Acapulco, por lo que si se puede ir sensibilizando a la sociedad.
Habrá que reflexionar, para buscar figuras jurídicas para exigir a los ayuntamientos que comiencen con estas campañas, porque son el ente más cerca a la sociedad que practica estas costumbres.
federicosol@yahoo.com.mx
